Si me siguen de vez en cuando, no será raro que se encuentren con alguna entrada comentando “cosas” de la justicia española. Hoy nos hemos
desayunado en El País con una noticia con el titular “Queda inaugurado este comedor”, que nos cuenta como tras trece (han oído bien, trece), años de lucha,
205 empleados de la empresa Makro dispondrán de comedor y cocinero gracias a un decreto
franquista.
El decreto de 1938 obligaba a tener comedor y cocinero en todas
las empresas de más de 50 trabajadores que no otorguen a los trabajadores dos
horas para comer. Después del largo recorrido judicial (13 años, recuerdo otra
vez) en que el caso ha pasado – supongo, como pasa con una buena parte de los
pleitos en España - por todos los juzgados sociales, superiores, supremos, etc., la sentencia
definitiva indica que debe aplicarse el decreto a los trabajadores de Makro
porque “los comedores laborales no vienen regulados en norma legal alguna,
tratándose de materia que se sujeta a sistema de negociación colectiva”. El
auto de 2014 obliga a contar con un cocinero, habilitar un salón con “tantas
sillas como trabajadores tengan derecho a su uso" y proveer de menaje de cocina
y suficientes microondas.
Lo curioso del caso y que provoca - al menos para este buzo - gran perplejidad, es que para idéntico caso en 2008, el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, revocó una sentencia en el mismo
sentido de un juzgado de lo Social de Barcelona, al considerar que el decreto de 1938 era “un
decreto de guerra” que no podía aplicarse “en una situación de paz y democracia”
porque “además rezuma una actitud paternalista por parte de quien lo impone”,
dejando de esta forma sin comedor a 170 trabajadores de una empresa
constructora de nombre Comsa.
Así que ya ven, estamos en manos de tribunales que, a veces, dicen
que hay que cumplir las leyes existentes; otras, se ponen en un "depende" del cuándo
y del cómo se hicieron las leyes y a ver que “rezuman”, y posiblemente otras muchas a interpretar
vaya usted a saber que sinfonías jurídicas, con lo cual al súbdito lo que le toca en su trato con los tribunales es poco menos que jugar a la lotería.